El 27 de octubre de 2024, el gobierno boliviano alertó a la comunidad internacional sobre acciones desestabilizadoras lideradas por el expresidente Evo Morales. Las protestas, que han estado en curso durante 13 días, se consideran una amenaza para el orden democrático en Bolivia y la estabilidad de la región sudamericana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Morales intenta interrumpir la democracia a través de estas protestas, que incluyen bloqueos de caminos indefinidos. Los seguidores de Morales exigen que el gobierno del presidente Luis Arce retire los procesos judiciales en su contra relacionados con la trata de personas y otros cargos, considerando estas acciones como persecución política.
Los manifestantes también piden soluciones al aumento de los precios de los alimentos, la escasez de divisas, el suministro irregular de combustible y el respeto a un congreso que declaró a Morales como el único candidato para las próximas elecciones de 2023. El gobierno ha expresado su disposición a dialogar, pero ha acusado a Morales de tener intereses personales que manipulan la justicia para buscar su impunidad.
La declaración oficial también destacó la presencia de grupos violentos y personas armadas que amenazan la seguridad pública. El gobierno boliviano instó a la comunidad internacional, a los estados, a las organizaciones multilaterales y a los pueblos del mundo a permanecer atentos ante estas acciones desestabilizadoras.
Los bloqueos, que se reportan en 16 áreas, han agudizado la situación económica en Bolivia, provocando escasez de alimentos, gasolina y diésel. En respuesta, el gobierno ha iniciado vuelos de emergencia para garantizar el suministro de carne de res y pollo a La Paz y El Alto, mientras que los camiones de combustible recorren rutas alternativas para llegar a los centros de distribución.