El 11 de octubre de 2024, la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en el marco de una investigación por presunta 'trata de personas' y 'estupro'. Gutiérrez indicó que la orden es necesaria ya que Morales y los otros involucrados han sido debidamente notificados sin ninguna violación de sus derechos.
Morales, de 64 años, ha afirmado que el caso es políticamente motivado, calificándolo de 'persecución política' por parte del gobierno del presidente Luis Arce, quien fue su aliado pero ahora es un rival político. Los dos líderes están en desacuerdo tras una división en el partido gobernante de cara a las elecciones generales de 2025.
Se esperaba que Morales compareciera ante la fiscalía en Tarija, pero no lo hizo, y su abogado Jorge Pérez argumentó que la distancia de más de 980 kilómetros lo coloca en desventaja. Pérez sostuvo que Morales no podía ser colocado en una situación de desventaja en el proceso judicial.
En respuesta a la posible orden de aprehensión, los partidarios de Morales han amenazado con bloquear rutas clave en todo el país. Vicente Choque, un líder partidario, declaró que están protegiendo la residencia de Morales y la región circundante.
La investigación, que se originó en hechos ocurridos en 2016 cuando Morales supuestamente tuvo una hija con una menor de 15 años mientras ocupaba la presidencia, había estado estancada durante cuatro años en medio de acusaciones de interferencia política en el sistema judicial. El caso ha cobrado nueva atención tras alegaciones de que Gutiérrez fue destituida por investigar al expresidente, aunque fue restituida poco después.
Esta situación subraya la tensión política en Bolivia y plantea importantes preocupaciones sobre la intersección de la política y la justicia en el país.