El 7 de octubre de 2024, un juez en Ecuador convocó a 30 de los 37 acusados a juicio en el caso de corrupción 'Metástasis', que involucra al crimen organizado infiltrado en los sistemas judicial, policial y penitenciario. Este caso surgió tras el asesinato en prisión del narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero en 2022.
La Fiscalía Nacional informó que el juez Manuel Cabrera de la Corte Nacional de Justicia aceptó la solicitud de la fiscalía para llevar a juicio a los 30 acusados, mientras que desestimó las acusaciones contra los otros siete. Entre los acusados se encuentran el exjuez de la Corte Nacional Wilman Terán, el empresario Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga.
El juez Cabrera afirmó que existen 'suficientes y fundadas presunciones' sobre la participación de los acusados en los delitos imputados, los cuales se resolverán en la fase de juicio. La fiscalía presentó 340 elementos de convicción que indican que varios acusados, incluidos Fabián C., Cristian R., Xavier J. y Xavier N., eran supuestos líderes de la organización criminal.
Antes de este juicio, otros 12 acusados ya habían sido condenados en procedimientos abreviados tras admitir su culpabilidad y delatar a otros en cambio de penas reducidas. La investigación de este caso comenzó tras la muerte de Norero, asesinado en 2022 en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.
Según la policía, Norero se encargaba desde la cárcel de financiar y auspiciar a diversas bandas criminales, incluyendo Los Lobos, Los Tiguerones y Chone Killers, que buscaban desplazar la hegemonía de Los Choneros, considerado el grupo de delincuencia organizada más antiguo y grande del país. Tras su muerte, la fiscalía analizó sus teléfonos móviles y obtuvo información de que Norero dirigía una organización criminal con el objetivo de asegurar beneficios y privilegios dentro del sistema penitenciario, así como buscar impunidad para él y su familia en un proceso por lavado de activos.
La supuesta red de corrupción a su servicio estaba formada por jueces, fiscales, policías, guardias penitenciarios y abogados. La fiscalía consideró que 'la materialidad de la infracción está demostrada' y que buscará probar la participación y responsabilidad de los demás procesados en este caso, que salió a la luz a finales de 2023, tras una gran operación en la que fueron detenidas inicialmente 39 personas.