El 1 de octubre de 2024, el gobierno venezolano, bajo Nicolás Maduro, solicitó el arresto de 16 funcionarios argentinos, incluidos legisladores y jueces, en relación con un incidente de 2022 que involucró un avión detenido en Argentina. Este movimiento se produce tras la orden de arresto internacional de Argentina contra Maduro por violaciones de derechos humanos.
La lista de individuos implicados incluye al diputado Gerardo Milman, al ministro de Seguridad Waldo Wolff y a varios jueces y fiscales involucrados en el caso. Wolff expresó orgullo por las acciones del gobierno venezolano en su contra, afirmando que sirve como precedente para que Interpol emita alertas rojas para los arrestos.
Franco Rinaldi, un experto en aviación, reaccionó con humor en las redes sociales, mientras que el diputado Ricardo López Murphy criticó la orden de arresto como irracional. Subrayó que su informe inicial sobre el avión fue una obligación legal, no un crimen.
La exmiembro de la UIF, María Eugenia Talerico, reiteró su compromiso de evitar que el régimen de Maduro financie el terrorismo internacional, citando la existencia de una 'Organización Criminal de Estado' en Venezuela. Yamil Santoro, otro legislador implicado, afirmó que considera la solicitud del gobierno venezolano como un honor, dado su papel en la detención de las operaciones del avión de espionaje venezolano-iraní.
Este conflicto diplomático en escalada destaca las tensas relaciones entre Argentina y Venezuela, con posibles implicaciones para la aplicación del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.