El 19 de septiembre de 2024, el Primer Ministro australiano Anthony Albanese anunció planes para prohibir el uso de redes sociales por parte de menores, marcando un cambio significativo de política destinado a abordar las crecientes preocupaciones sobre el impacto de las plataformas en línea en la juventud. La prohibición propuesta restringiría el acceso a las redes sociales en todos los dispositivos para los niños, extendiéndose más allá de las escuelas públicas donde ya se prohíbe el uso de teléfonos inteligentes.
Albanese enfatizó la necesidad de acción, citando las preocupaciones de los padres sobre el uso de redes sociales por parte de los niños. Una encuesta de YouGov indicó que el 61 % de los australianos apoyan restringir el acceso a las redes sociales para aquellos menores de 17 años. El gobierno no ha confirmado el límite de edad específico, pero ha sugerido que podría estar entre los 14 y 16 años.
Una revisión integral liderada por el ex presidente del Tribunal Supremo Robert French ha propuesto la Ley de Seguridad en Redes Sociales para Niños de 2024, recomendando un límite de edad de 14 años. Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas de expertos que argumentan que una prohibición general podría obstaculizar el acceso a servicios en línea esenciales y llevar a consecuencias no deseadas, como un mayor secretismo entre los menores que usan redes sociales.
Los críticos también destacan los desafíos de implementar un sistema efectivo de verificación de edad, que requeriría cooperación entre varios proveedores de servicios y plantearía preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Además, algunos expertos advierten que la prohibición propuesta podría simplemente empujar a los jóvenes usuarios hacia plataformas menos reguladas, exponiéndolos potencialmente a mayores riesgos.
A nivel mundial, iniciativas similares han tenido resultados mixtos. La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) de los Estados Unidos y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea han intentado regular el acceso en línea de los niños, pero los críticos argumentan que estas medidas a menudo son insuficientes. Por ejemplo, la propuesta de la UE de 2015 para prohibir a los niños menores de 16 años acceder a Internet sin el consentimiento de los padres encontró una fuerte resistencia de las empresas tecnológicas y los grupos de derechos humanos.
A medida que Australia avanza con su prohibición propuesta, la comunidad internacional observa de cerca, considerando las implicaciones para la política digital y la seguridad infantil en un mundo cada vez más conectado.