Telegram ha anunciado un cambio significativo en su política, afirmando que ahora proporcionará direcciones IP y números de teléfono de los usuarios a las autoridades en respuesta a solicitudes legales válidas. El CEO Pavel Durov enfatizó que este cambio tiene como objetivo disuadir la actividad criminal en la plataforma, que sirve a casi mil millones de usuarios en todo el mundo. Si bien señaló que el 99.999% de los usuarios no están involucrados en delitos, las acciones de un mero 0.001% empañan la reputación de la plataforma.
Este anuncio sigue a la reciente detención de Durov en Francia, donde enfrentó acusaciones de permitir actividades criminales en Telegram. Los críticos han afirmado durante mucho tiempo que la plataforma se ha convertido en un refugio para la desinformación, la explotación infantil y el contenido extremista debido al tamaño de sus grupos, que permiten hasta 200,000 miembros.
El cambio de política genera preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios, especialmente entre los disidentes políticos que anteriormente veían a Telegram como una plataforma segura para la libre expresión. John Scott-Railton de Citizen Lab destacó que muchos usuarios ahora se preguntan si Telegram cooperará con regímenes represivos.
Además de compartir datos de usuarios, Telegram está implementando un equipo dedicado de moderadores que utilizan inteligencia artificial para filtrar contenido problemático. Sin embargo, los expertos argumentan que estas medidas pueden no ser suficientes para cumplir con los requisitos legales en varias jurisdicciones, dado que las capacidades de moderación de la plataforma han quedado históricamente atrás de las de sus competidores.
A medida que Telegram ajusta sus políticas, las implicaciones para la privacidad del usuario y el futuro de la comunicación segura siguen siendo inciertas, especialmente a la luz de las investigaciones en curso y los problemas legales de Durov.