La filtración de datos de 2022 que expuso a miles de afganos que ayudaron a las fuerzas del Reino Unido ha tenido consecuencias económicas significativas, especialmente en el contexto del reasentamiento. El gobierno británico, tras la filtración, puso en marcha la Ruta de Respuesta Afgana (ARR) para reubicar a los afectados. Este programa, aunque necesario para la seguridad de los afganos, ha conllevado una inversión considerable.
Según informes, el costo total de la operación ARR se estima en 850 millones de libras esterlinas. Este gasto incluye transporte, alojamiento, apoyo social y otros servicios esenciales para los refugiados. El cierre de la ARR, justificado por el gobierno debido a los altos costos y la disminución de las amenazas, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de futuros programas de reasentamiento.
Un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido reveló que el costo promedio de mantener a un refugiado en el Reino Unido es de aproximadamente 25,000 libras esterlinas al año. Este dato subraya la carga financiera que supone la acogida de refugiados, especialmente en un contexto de crisis económica. La inversión en la integración de los refugiados, incluyendo la formación laboral y el acceso a servicios de salud, es crucial para mitigar los costos a largo plazo y fomentar la autosuficiencia.
El cierre de la ARR y de otros programas de reasentamiento ha generado preocupación entre las organizaciones humanitarias, que temen que se abandonen los compromisos del Reino Unido con los afganos. La gestión de estos programas y su impacto económico son temas que seguirán siendo objeto de debate y análisis en los próximos años.