Un juez está presionando al gobierno de EE. UU. para que explique por qué una parte del memo que autoriza la investigación del abogado especial Robert Mueller sigue clasificada siete años después de su emisión. Durante una audiencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Alexandria, Virginia, la jueza Leonie Brinkema ordenó al Departamento de Justicia que aclarara la necesidad de mantener el pasaje clasificado antes del miércoles.
Un grupo de organizaciones de medios sostiene que la sección clasificada se refiere a alegaciones de que Egipto proporcionó clandestinamente 10 millones de dólares a la campaña de Donald Trump durante los últimos días de las elecciones de 2016. Si bien gran parte del memo del fiscal general adjunto Rod Rosenstein ha sido desclasificado, esta parte específica sigue sellada.
La jueza Brinkema expresó escepticismo sobre la clasificación continua, afirmando: "A menos que tengan una buena razón, no veo por qué debería mantenerse bajo secreto". El fiscal Drew Bradylyons indicó que múltiples agencias gubernamentales están involucradas en el debate sobre la clasificación y solicitó 30 días para proporcionar una explicación, lo que Brinkema consideró excesivo.
Ted Boutros, que representa al Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, enfatizó el interés público en el caso, especialmente dado que Trump está en campaña presidencial nuevamente. Argumentó que la necesidad de secreto ha disminuido a medida que la investigación ha concluido y las alegaciones contra Egipto se han conocido parcialmente.
Los informes han indicado que el equipo de Mueller investigó alegaciones de que el presidente egipcio Abdel Fatah El-Sisi intentó canalizar 10 millones de dólares a la campaña de Trump, coincidiendo con una contribución personal significativa de Trump. Aunque la campaña de Trump ha negado cualquier irregularidad, las implicaciones de la influencia extranjera en las elecciones de EE. UU. siguen siendo un punto de controversia.
La batalla legal en curso sobre este memo clasificado destaca la tensión entre la transparencia gubernamental y la seguridad nacional, especialmente a la luz de las alegaciones de interferencia extranjera en los procesos electorales de EE. UU.