El abogado de derechos humanos Femi Falana ha instado a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y a la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados (ICPC) a investigar la supuesta desviación de un préstamo de 3.400 millones de dólares obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Nigeria para combatir la pandemia de COVID-19. Falana, en representación de la Alianza para Sobrevivir a la COVID-19 y Más Allá (ASCAB), también ha pedido al Consejo de Administración del FMI que investigue el presunto incumplimiento por parte de su Dirección de la obligación de garantizar que los fondos se utilizaran según lo previsto.
El FMI confirmó la semana pasada que Nigeria había reembolsado íntegramente el apoyo financiero de 3.400 millones de dólares para la COVID-19 recibido en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). Sin embargo, los cargos programados, incluidos los cargos netos, los intereses básicos y las tasas administrativas, ascienden a 125,99 millones de DEG (aproximadamente 275.280 millones de nairas). Falana ha pedido la suspensión de estos cargos hasta que concluya la investigación.
Detalles de la supuesta mala gestión
El préstamo de 3.400 millones de dólares, aprobado el 28 de abril de 2020, tenía como objetivo apoyar el sector sanitario de Nigeria, proteger los puestos de trabajo y las empresas, y limitar el descenso de las reservas internacionales. Un informe de auditoría de 2020 de la Oficina del Auditor General de la Federación, publicado en enero de 2024, reveló irregularidades en la gestión del fondo.
El informe de auditoría detallaba que se transfirieron 2.400 millones de dólares a la cuenta del CBN en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y el resto fue a la cuenta del CBN en el Banco de China, Shanghai. Estos fondos se transfirieron posteriormente al Banco de Pagos Internacionales (BPI) y al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) para inversiones a corto plazo. La auditoría declaró que estas transacciones carecían de la documentación o las aprobaciones adecuadas y fueron reclasificadas como parte de las reservas externas del CBN.
El Auditor General recomienda que cualquier persona sospechosa de estar involucrada sea sancionada y entregada a la EFCC y a la ICPC para su investigación y enjuiciamiento. La petición de investigación de Falana subraya la preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos para la COVID-19 y la necesidad de un escrutinio exhaustivo para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.