El Partido Laborista enfrenta graves acusaciones de violar las reglas parlamentarias al "retener deliberadamente" una evaluación de impacto de los pagos de invierno de los diputados. Esta revelación salió a la luz tras la publicación de documentos oficiales que indicaban que siete de cada diez pensionistas discapacitados podrían perder sus pagos de invierno debido a los recortes propuestos por Rachel Reeves.
La información se divulgó solo después de que el Labour se viera obligado a publicar una evaluación de igualdad en virtud de las leyes de libertad de información, lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad. Se acusa a Sir Keir Starmer de ocultar estimaciones oficiales sobre las posibles muertes de ancianos este invierno como resultado de la controvertida política de pagos de invierno.
Los diputados conservadores, liderados por Chris Philp, han expresado sus preocupaciones, argumentando que el gobierno laborista podría haber violado las directrices de la Oficina del Gabinete y posiblemente el Código Ministerial al no publicar la evaluación de impacto antes de un debate parlamentario. Philp enfatizó que la decisión de retener esta información dejó a los diputados en la oscuridad sobre las graves implicaciones para los pensionistas.
El 10 de septiembre, los diputados votaron sobre los cambios en los pagos de invierno, con más de 50 diputados laboristas desafiando la directiva de Starmer. Aunque la moción fue aprobada, las abstenciones y disidencias dentro del partido destacan divisiones internas sobre la política.
Philp señaló que el 30 de agosto se presentó una pregunta escrita sobre la evaluación de impacto de igualdad, pero la respuesta de la Secretaria de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, no incluyó la información solicitada. El Código Ministerial establece que los ministros deben ser lo más abiertos posible con el Parlamento y el público, una directriz que parece haber sido ignorada en este caso.
El 13 de septiembre, el gobierno finalmente publicó la evaluación de impacto, revelando que aproximadamente 1,6 millones de pensionistas discapacitados, junto con millones de ancianos, se verían afectados por los recortes propuestos. La evaluación indicó que las parejas y los hombres son particularmente vulnerables, lo que plantea serias preguntas sobre el compromiso del gobierno de proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Este escándalo no solo plantea preocupaciones éticas sobre la gestión del Partido Laborista de información crítica, sino que también subraya el costo humano potencial de las decisiones políticas que afectan a millones de ciudadanos.