El 8 de julio de 2025, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra dos líderes talibanes de alto rango en Afganistán. Las órdenes están dirigidas a Hibatullah Akhundzada, el líder supremo, y Abdul Hakim Haqqani, el presidente del Tribunal Supremo. Estos líderes están acusados de crímenes contra la humanidad, específicamente persecución por motivos de género.
Los jueces de la CPI determinaron que existían motivos razonables para sospechar que los líderes habían perseguido a mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021. Esta persecución incluye severas restricciones a la educación, la libertad de movimiento y la expresión. También implica violaciones de la privacidad y la vida familiar de mujeres y niñas.
En respuesta, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid rechazó las órdenes, calificándolas de "retórica infundada". Afirmó que el gobierno talibán no reconoce la autoridad de la CPI. Paralelamente, el 7 de julio de 2025, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución no vinculante. En ella, se instaba a los talibanes a poner fin a las políticas represivas contra mujeres y niñas y a desmantelar las organizaciones terroristas que operan en Afganistán.
La resolución fue aprobada con 116 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 12 abstenciones. Esto refleja la condena global de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los talibanes. Estas violaciones incluyen la prohibición de la educación de las niñas más allá del sexto grado y las restricciones a la participación de las mujeres en la vida pública desde el regreso de los talibanes al poder en 2021.
Estos acontecimientos se producen después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitara en enero de 2025 la reapertura de la investigación sobre Afganistán. La investigación se centra en presuntos crímenes cometidos por los talibanes y la Provincia de Jorasán del Estado Islámico. Se despriorizan las acusaciones anteriores contra las fuerzas estadounidenses. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acogido con satisfacción estas acciones. Las consideran pasos importantes hacia la justicia para las mujeres y niñas afganas.
Sin embargo, la aplicación efectiva de estas órdenes de arresto y resoluciones sigue siendo incierta. Esto se debe a la falta de cooperación internacional y a la postura de los talibanes sobre la jurisdicción de la CPI. La situación pone de manifiesto la continua lucha por los derechos humanos y la rendición de cuentas en Afganistán. En Latinoamérica, países como Colombia y México han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Afganistán y han pedido el respeto a los derechos de las mujeres y niñas.