La legislación de la Unión Europea (UE) sobre Inteligencia Artificial (IA), que entró en vigor en agosto de 2024, se enfrenta a peticiones de retraso en su implementación. Grandes empresas europeas instan a la UE a posponer la aplicación de ciertos aspectos de la ley, citando la preocupación de que medidas demasiado apresuradas puedan sofocar la innovación.
La implementación completa de la ley de IA es gradual, con obligaciones específicas que entrarán en vigor en agosto de 2025 y agosto de 2026. El CEO de Bosch, Stefan Hartung, advirtió en junio de 2025 que una regulación excesiva podría obstaculizar el desarrollo de la IA en Europa. Destacó que los obstáculos burocráticos y los requisitos legislativos vagos hacen que Europa sea menos atractiva para el desarrollo de la IA.
En respuesta a estas preocupaciones, la Comisión Europea indicó que podría considerar soluciones temporales para ayudar a las empresas a cumplir con la legislación de IA. Esto ocurriría en caso de retrasos en la preparación de las normas técnicas necesarias para el cumplimiento. Estos acontecimientos subrayan los desafíos que enfrenta Europa al equilibrar la regulación de la IA y el apoyo a la innovación tecnológica. En España, por ejemplo, el debate sobre la regulación de la IA se centra en cómo fomentar la innovación sin asfixiar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son el motor de la economía. En Latinoamérica, la discusión se centra en cómo adaptar la regulación a las realidades de cada país, considerando las diferentes capacidades tecnológicas y la protección de los datos personales.