El futuro de las centrales nucleares de España pende de un hilo debido a una disputa fiscal que se intensifica, con la posibilidad de que la central de Almaraz en Extremadura cierre. La disputa gira en torno a la 'tasa Enresa', un cargo que se cobra a los operadores de centrales nucleares por la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento.
El gobierno español, bajo el liderazgo del Primer Ministro Pedro Sánchez, ha defendido la tasa, argumentando que no es un impuesto, sino un costo que asumen los operadores en base al principio de 'quien contamina paga'. Sin embargo, los propietarios de las centrales nucleares, incluidos Iberdrola, Endesa y Naturgy, han protestado por el aumento de la tasa, alegando que hace que sus operaciones sean financieramente insostenibles.
El resultado de esta disputa podría tener implicaciones significativas para el sector energético español. El cierre de Almaraz reduciría la capacidad de generación de energía nuclear del país, lo que podría llevar a una mayor dependencia de otras fuentes de energía. La disputa también plantea preguntas más amplias sobre el papel de la energía nuclear en la combinación energética de España y el enfoque del gobierno para gestionar los residuos radiactivos.
Los momentos clave para observar incluyen el fallo del Tribunal Supremo sobre la 'tasa Enresa' y cualquier posible negociación entre el gobierno y los propietarios de las centrales nucleares.