Un juez federal ha dictaminado que Donald Trump no puede deportar a personas que no son ciudadanos estadounidenses a terceros países sin el debido proceso. Esto incluye permitirles plantear preocupaciones de seguridad. La orden tiene como objetivo prevenir daños irreparables como tortura o muerte.
El fallo exige que la Casa Blanca proporcione una notificación escrita a las personas antes de deportarlas a un tercer país. También se les debe dar una oportunidad significativa para expresar sus preocupaciones de seguridad. Se debe proporcionar un mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus casos de inmigración.
Esta decisión sigue a la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a presuntos miembros de pandillas venezolanas a la prisión CECOT de El Salvador. Esto supuestamente se hizo sin el debido proceso legal. Por separado, un grupo de venezolanos está tratando de detener su deportación a El Salvador, alegando falta de debido proceso. Un juez se declaró sin jurisdicción en su caso.