El 16 de diciembre de 2024, durante una reunión de ministros de asuntos exteriores de la UE en Bruselas, Hungría y Eslovaquia vetaron propuestas de sanciones contra funcionarios georgianos involucrados en la represión de protestas proeuropeas. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, criticó las acciones de la UE, afirmando que eran hipócritas y motivadas por el éxito electoral de un partido conservador en Georgia.
Las sanciones, propuestas por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, estaban dirigidas a funcionarios vinculados a la represión violenta de manifestaciones que estallaron tras la suspensión por parte del gobierno georgiano de las negociaciones de adhesión a la UE. Kallas describió la situación en Georgia como un movimiento en la dirección equivocada para un país candidato.
La postura de Hungría, alineada con el partido gobernante 'Sueño Georgiano', se opuso firmemente a cualquier medida restrictiva. Szijjártó declaró: 'Si se presenta oficialmente tal propuesta, por supuesto que nos opondremos a ella.' La posición de Eslovaquia fue menos vocal, pero igualmente opuesta.
Según las reglas de la UE, todas las sanciones deben ser aprobadas por unanimidad, lo que hace que los vetos combinados sean significativos. La propuesta de Kallas, que no se ha hecho pública, sigue a un aumento de tensiones en Georgia, donde protestas violentas han llevado a numerosos arrestos y acusaciones de violaciones de derechos humanos.
En un desarrollo relacionado, los estados bálticos han impuesto sanciones de manera independiente a funcionarios georgianos, complicando aún más la situación. La incapacidad de la UE para alcanzar un consenso sobre sanciones refleja divisiones geopolíticas más profundas dentro de la unión respecto a cómo abordar a Georgia y su gobernanza.