El 30 de diciembre de 2024, se informaron avances significativos en iniciativas climáticas globales junto con desarrollos notables en derechos ambientales. Las fuentes de energía renovable están aumentando rápidamente en todo el mundo, con Estados Unidos alcanzando una producción récord de energía eólica en abril de 2024, superando la producción de energía a partir del carbón.
Se proyecta que China representará al menos la mitad de la capacidad mundial de energía renovable para 2030, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). La AIE anticipa que se agregarán 5,500 GW de capacidad renovable en todo el mundo para 2030, lo que aumentaría la capacidad total de energía renovable en 2.7 veces en comparación con 2022, acercándose al objetivo de las Naciones Unidas de triplicar esta capacidad para el mismo año.
El Reino Unido marcó un hito histórico al cerrar su última planta de energía de carbón, Ratcliffe-on-Soar, ubicada en Nottinghamshire. El cierre, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2024, significa el final de una era para un país que fue pionero en el uso del carbón en la producción pública de energía. El sitio está programado para ser desmantelado y demolido en los próximos dos años, con planes futuros para almacenamiento de baterías en consideración.
En un cambio legal revolucionario, varias características y espacios naturales obtuvieron personalidad jurídica, tras un fallo histórico en Ecuador en 2021 que reconoció los derechos de la naturaleza. Un reciente juicio en Ecuador dictó que la contaminación violó los derechos del río Machángara en Quito. Los informes indican que tales reconocimientos legales pueden contribuir efectivamente a la protección de ecosistemas en peligro de extinción.
Nueva Zelanda también reconoció las cumbres del Parque Nacional Egmont, ahora llamado Te Papakura o Taranaki, como montañas ancestrales, otorgándoles personalidad jurídica bajo el nombre de Te Kāhui Tupua. Además, en Brasil, la ciudad costera de Linhares reconoció sus olas oceánicas como entidades vivas, otorgándoles derechos a la existencia y restauración.
La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó su nivel más bajo en nueve años, disminuyendo en más del 30 % en el año que finalizó en julio de 2024, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE). Aproximadamente 6,288 km² de selva tropical fueron destruidos, marcando la pérdida anual más pequeña desde 2015, a pesar de un aumento en los incendios debido a una sequía histórica.