La Corte Penal Internacional (CPI) enfrentó importantes desafíos operativos en 2025 debido a las sanciones impuestas tras su investigación sobre presuntos crímenes de guerra por parte de líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Estas sanciones, que afectan particularmente a personal clave como el fiscal jefe Karim Khan, han provocado interrupciones en funciones esenciales como el acceso al correo electrónico y la banca.
Las sanciones de Estados Unidos, autorizadas por el expresidente Donald Trump, han sido ampliamente condenadas por socavar la justicia internacional y la independencia de la CPI. Las sanciones incluyen la congelación de activos y las prohibiciones de entrada, no solo para los funcionarios de la CPI, sino también potencialmente para aquellos que apoyan el trabajo de la corte. Esto ha creado un efecto escalofriante, con algunas ONG y proveedores de servicios dudando en colaborar con la CPI.
A pesar de estos desafíos, la CPI continúa su trabajo, incluidas las investigaciones sobre la situación en Palestina y las órdenes de arresto contra personas acusadas de crímenes de guerra. Sin embargo, las sanciones sin duda han obstaculizado la capacidad de la corte para ejecutar órdenes, asegurar la cooperación de los testigos e investigar conflictos globales de manera efectiva. Se ha instado a la UE a que tome medidas concretas para proteger a la CPI de los efectos de estas sanciones.