La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria publicó un informe el 28 de enero de 2025, que detalla las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen de Bashar al-Assad entre 2011 y 2020. El informe, titulado "Red de agonía: detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en la República Árabe Siria", concluye que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Reúne más de 2.000 testimonios, incluidas 550 entrevistas con supervivientes de torturas, documentando abusos generalizados en los centros de detención sirios. La comisión encontró que estas prácticas se implementaron de manera sistemática con el conocimiento de las autoridades.
Los métodos de tortura incluían golpes, electroshocks, suspensión por extremidades, quemaduras y privación de cuidados médicos. Se informaron condiciones inhumanas, con un promedio de 2,5 reclusos por metro cuadrado, falta de agua potable y alimentación insuficiente. Muchos detenidos murieron a causa del hambre, enfermedades o torturas, y sus cadáveres permanecieron junto a los sobrevivientes durante días.
El informe destaca prácticas deshumanizadoras, como forzar a los reos a imitar animales y realizar actos humillantes. La comisión estima que estas prácticas resultaron en decenas de miles de muertes y cientos de miles de desaparecidos, mientras las familias continúan buscando información sobre sus seres queridos.
Paulo Sergio Pinheiro, presidente de la comisión, enfatizó la importancia de garantizar justicia para las víctimas y sus familias como crucial para una resolución duradera de la crisis. Señaló que las conclusiones buscan poner fin a la impunidad de estos crímenes.
El informe también aborda los cambios políticos recientes en Siria tras la caída del régimen de Al Assad en diciembre de 2024, incluida la liberación de detenidos por una coalición liderada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y el descubrimiento de fosas comunes, lo que aumenta las preocupaciones de las familias sobre el destino de los desaparecidos.
La comisión llamó al gobierno provisional y a las futuras autoridades a garantizar la preservación de pruebas relacionadas con estos crímenes y a promover procesos judiciales creíbles y transparentes, con la participación activa de las víctimas y sus familias. Hanny Megally, comisionado, destacó que los casos presentados en tribunales internacionales bajo el principio de jurisdicción universal ya han resultado en condenas importantes, pero subrayó que es esencial que se realicen procesos de justicia dentro de Siria.
Finalmente, la comisión expresó su intención de ampliar las investigaciones ahora que ha logrado acceso al país y puede entrevistar a testigos sin temor a represalias. Pinheiro concluyó que las nuevas autoridades sirias tienen la oportunidad crítica de garantizar que estos crímenes no se repitan.