El 19 de noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Hong Kong condenó a 45 líderes prodemocráticos a penas de prisión de entre 4 y 10 años, una decisión que ha provocado una amplia condena internacional.
Este fallo es parte de la aplicación de una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, que los críticos argumentan que socava el estado de derecho y las libertades civiles en la región.
Organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como funcionarios de Canadá, el Reino Unido, Australia y la UE, han expresado su alarma por el fallo. Subrayan la importancia de proteger las libertades políticas y los derechos civiles en Hong Kong, en medio de crecientes preocupaciones sobre la erosión de la democracia.