El 9 de julio de 2025, Estados Unidos impuso sanciones a empresas que apoyan las operaciones militares israelíes en los territorios palestinos ocupados. Estas sanciones son una respuesta a su presunta participación en acciones relacionadas con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre derechos humanos en la región.
El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que las medidas buscan respaldar la investigación de la CPI sobre dos ciudadanos estadounidenses e israelíes, lo que se interpreta como un desafío a la soberanía de ambos países. Rubio añadió: "No toleraremos campañas políticas y económicas que amenacen nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía".
En un desarrollo relacionado, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, condenó las sanciones estadounidenses, citando la "campaña continua contra Israel y Estados Unidos" que, según él, está llevando a cabo el gobierno estadounidense.
El académico italiano Albanese ya ha instado a los países aliados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a imponer sanciones al suministro de armas a Israel y a cortar las relaciones comerciales y financieras, calificándolo como una "campaña de castigo colectivo" en la Franja de Gaza.
En un informe publicado a principios de este mes, Albanese acusó a más de 60 empresas, incluidas importantes compañías tecnológicas y de fabricación de armas, de complicidad en el apoyo a los asentamientos israelíes y las operaciones militares en Gaza.
Cabe recordar que el expresidente estadounidense Donald Trump ya había impuesto sanciones a cuatro jueces de la CPI en junio de 2024, en respuesta a la emisión de órdenes de arresto por parte de la corte contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a la investigación sobre crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Este precedente resalta la complejidad de las relaciones internacionales y las tensiones en la región.