Setenta y nueve países han condenado las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo que aumentan el riesgo de impunidad en todo el mundo.
En una declaración conjunta, los 79 firmantes denunciaron las sanciones contra los directores y empleados de la CPI, acusando a Trump de participar en "acciones ilegales." Las sanciones se dirigen específicamente a la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel, cuyo primer ministro está sujeto a una orden de arresto.
La declaración destaca que estas medidas "aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con socavar el estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad en el mundo."
Los firmantes, entre ellos Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona, el Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Alemania, Canadá, Chile y Panamá, entre otros, argumentan que las sanciones "socavarían gravemente todos los casos que se están investigando, ya que el tribunal podría verse obligado a cerrar sus oficinas sobre el terreno."
Los países reafirman su "apoyo continuo e inquebrantable a la independencia, la imparcialidad y la integridad" de la CPI, un "pilar vital" de la justicia internacional.
Estados Unidos, Israel y Rusia no se encuentran entre los 124 estados miembros de la CPI, una jurisdicción permanente establecida en 2002 para perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.