El 26 de enero de 2025, Estados Unidos y Colombia anunciaron una resolución a su disputa migratoria, que había escalado las tensiones entre ambas naciones. La controversia giraba en torno a la deportación de migrantes colombianos ilegales desde EE. UU., lo que ponía en riesgo un conflicto comercial.
El gobierno colombiano aceptó recibir a todos los migrantes ilegales que regresen de EE. UU. sin restricciones, incluidos aquellos transportados por aviones militares estadounidenses. Funcionarios estadounidenses afirmaron que este acuerdo demuestra un renovado respeto por la soberanía estadounidense.
El Ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó la resolución, afirmando que el gobierno colombiano había preparado un avión presidencial para facilitar el regreso de ciudadanos deportados. Aunque no especificó aviones militares para las deportaciones, sus comentarios coincidieron con la posición de EE. UU.
La administración estadounidense indicó que los aranceles y sanciones propuestos contra funcionarios colombianos permanecerían en espera, pero se activarían si Colombia violaba el acuerdo. Anteriormente, el presidente Donald Trump había amenazado con imponer un arancel del 25 % sobre los bienes colombianos, aumentando a 50 % si Colombia no aceptaba los vuelos de deportación.
En represalia, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Colombia impondría aranceles del 50 % sobre los bienes estadounidenses. En 2023, EE. UU. fue el mayor socio comercial de Colombia, con un comercio bilateral que alcanzó los 33,8 mil millones de dólares, lo que resultó en un superávit comercial positivo de 1,6 mil millones de dólares para EE. UU.