El 25 de noviembre de 2024, delegados de 175 países se reunieron en Busan, Corea del Sur, para la quinta ronda de negociaciones destinadas a establecer un tratado internacional para combatir la contaminación plástica. La reunión, organizada por Corea del Sur, sigue a una ronda de discusiones sin resultados en Ottawa a principios de este año.
A pesar de los esfuerzos previos, persisten divisiones significativas, especialmente en lo que respecta a la limitación de la producción de plástico. Países como Arabia Saudita y China se han opuesto a medidas que apuntan directamente a la producción de plástico, lo que ha llevado a un enfoque en abordar productos químicos de preocupación.
Estados Unidos, que anteriormente había indicado su apoyo a los límites de producción, ha visto cuestionada su posición tras la elección de Donald Trump, quien históricamente ha favorecido la producción nacional de petróleo y petroquímicos sobre los acuerdos multilaterales.
Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, expresó optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, citando un comunicado reciente del Grupo de los 20 que pedía un tratado jurídicamente vinculante para fin de año.
El ministro de clima de Fiyi, Sivendra Michael, destacó la importancia de un tratado global sobre plásticos para proteger los frágiles ecosistemas de las naciones insulares del Pacífico, que sufren de contaminación plástica a pesar de no producir plástico.
Aunque la industria petroquímica apoya un tratado, ha instado a los gobiernos a priorizar soluciones de reducción de desechos sobre los límites de producción obligatorios. Los representantes de la industria argumentan que tales límites aumentarían los precios para los consumidores.
En la reciente conferencia climática COP29, se presentaron propuestas para establecer gravámenes globales en ciertos sectores para financiar el apoyo a los países en desarrollo en sus transiciones hacia energías limpias y para abordar los impactos del cambio climático. Estas propuestas, que incluyen una tarifa sobre la producción de polímeros primarios, podrían potencialmente recaudar miles de millones anualmente, aunque han enfrentado oposición de grupos industriales.