El 22 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, ahora designada como 'copresidenta', control absoluto sobre los poderes del Estado.
La iniciativa, presentada por Ortega y aprobada por unanimidad por la Asamblea, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y eleva el rol de Murillo a uno igual al de Ortega.
La reforma consolida el poder ejecutivo al establecer que los copresidentes coordinarán los órganos legislativos, judiciales, electorales y locales, que anteriormente eran reconocidos como independientes por la Constitución.
Ortega, un exlíder guerrillero, regresó al poder en 2007 y ha enfrentado críticas por establecer una 'dictadura' junto a Murillo. Los analistas sugieren que la reforma formaliza los planes de sucesión de Murillo y su hijo, Laureano Ortega, a puestos clave del gobierno.
La reforma ha desatado una amplia condena de nicaragüenses en el exilio, organizaciones internacionales, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), con preocupaciones sobre la erosión de las instituciones democráticas.
Bajo las nuevas disposiciones constitucionales, el estado vigilará la prensa y la Iglesia para prevenir la influencia extranjera, y revocará oficialmente la ciudadanía de quienes sean considerados 'traidores a la patria.' Además, establece una 'policía voluntaria' compuesta por civiles para apoyar a las fuerzas de seguridad, haciendo referencia a las violentas protestas de 2018 que resultaron en 320 muertes.
Los críticos argumentan que esta reforma representa un paso significativo hacia un régimen totalitario, socavando la democracia y los derechos fundamentales en Nicaragua.