El 25 de octubre de 2024, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció un acuerdo significativo con las empresas mineras Samarco, Vale y BHP en Brasília, destinado a abordar las secuelas del colapso de una represa en 2015 en Minas Gerais. Este desastre resultó en la muerte de 19 personas y causó daños ambientales extensos, liberando 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en el río Doce y el océano Atlántico.
El nuevo acuerdo, descrito por Lula como el más grande de su tipo en la historia moderna, compromete a las empresas a pagar un total de 100.000 millones de reales (aproximadamente 17.5 millones de USD) durante las próximas dos décadas. Se destinarán 32.000 millones de reales (5.6 millones de USD) adicionales para compensaciones individuales, reasentamiento y esfuerzos de recuperación ambiental.
A pesar del acuerdo, este está sujeto a la aprobación de la Corte Suprema de Brasil y no resuelve los procesos legales en curso contra las empresas. Críticos, incluido el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB), han expresado preocupaciones de que la compensación es insuficiente para la restauración integral de los derechos de las víctimas y han exigido responsabilidad para quienes causaron la tragedia.
Este acuerdo se produce poco antes de un juicio importante contra BHP en Londres, donde 620.000 demandantes buscan 35.000 millones de libras (aproximadamente 46.8 millones de USD) en daños. Los representantes legales de los demandantes han indicado que los procedimientos en Inglaterra continuarán independientemente de los acontecimientos en Brasil, enfatizando la necesidad de procesos judiciales exhaustivos.