El 12 de octubre de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda contra el estado de Virginia, impugnando la eliminación de votantes de los registros que ocurrió demasiado cerca de las elecciones presidenciales programadas para el 5 de noviembre. Esta demanda sigue a una orden ejecutiva del gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, emitida el 7 de agosto, que permitía la eliminación de individuos de las listas de registro de votantes si su ciudadanía no podía ser verificada por el Departamento de Vehículos Motorizados del estado.
El Departamento de Justicia argumenta que la orden ejecutiva viola un 'período de silencio' de 90 días establecido por la Ley Nacional de Registro de Votantes, que está diseñada para prevenir eliminaciones de última hora que podrían privar a votantes elegibles de su derecho a votar. La fiscal general adjunta de EE. UU., Kristen Clarke, enfatizó la importancia de proteger los derechos de voto como fundamentales para la democracia.
El gobernador Youngkin defendió la orden ejecutiva, afirmando que era legal y necesaria para la seguridad electoral. Acusó al Departamento de Justicia de intentar socavar la legitimidad de las elecciones en Virginia. La demanda surge en medio de crecientes afirmaciones republicanas sobre posibles fraudes electorales, a pesar de la falta de evidencia que respalde estas afirmaciones. Tales afirmaciones han sido un tema recurrente desde las elecciones presidenciales de 2020.
A medida que se acercan las elecciones de 2024, varios estados han promulgado leyes más estrictas de registro de votantes, lo que genera preocupaciones entre los defensores de la democracia sobre la posible privación del derecho al voto de los votantes elegibles.