El 27 de septiembre de 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Oficina del Fiscal General anunciaron cargos contra Elvira Nabiullina, la jefa del Banco Central de Rusia, por supuestamente ayudar a la agresión armada de Rusia contra Ucrania.
Las autoridades ucranianas afirman que las pruebas recopiladas indican que el Banco Central de la Federación Rusa facilitó la preparación de una guerra agresiva contra Ucrania y continúa apoyándola. Los cargos hacen referencia a las políticas regulatorias y monetarias del Banco de Rusia en la última década, que las fuerzas del orden ucranianas consideran acciones criminales.
En particular, el establecimiento del sistema nacional de tarjetas de pago 'Mir' en 2014 se considera un medio para eludir las sanciones internacionales que llevaron a la desconexión de Visa, Mastercard y American Express primero en Crimea y luego en toda Rusia. Además, la creación del Sistema de Mensajería Financiera (SPFS) se destaca como una alternativa al sistema de transferencias interbancarias SWIFT, del que se desconectaron los bancos rusos tras la invasión a gran escala.
El documento establece que Nabiullina tomó acciones que permitieron la continuación de la guerra agresiva contra Ucrania, incluyendo el despliegue de 'instituciones de campo' del Banco de Rusia en territorios ocupados, la restricción de operaciones de divisas en el mercado interno y vacaciones crediticias para 'participantes de la operación militar especial', que, según los investigadores, ayudaron a los esfuerzos de movilización.
Estos cargos marcan la segunda instancia de sospecha contra Nabiullina en Ucrania. En enero de 2023, fue acusada de infringir la integridad territorial de Ucrania debido a decisiones tomadas respecto al cierre de bancos ucranianos en territorios ocupados y la apertura de bancos rusos en esos lugares.
A diferencia de las acusaciones anteriores, la alegación de llevar a cabo una guerra agresiva se clasifica como un crimen internacional bajo el Estatuto de Roma, que debe ser perseguido por todos los países que lo hayan ratificado.
Nabiullina, que ha estado en posiciones gubernamentales rusas desde finales de la década de 1990, es considerada una economista experimentada y una de las pocas 'tecnócratas liberales' en la administración estatal. A pesar de las especulaciones sobre su renuncia tras sus apariciones públicas con vestimenta negra en la primavera de 2022, interpretadas como una señal de desacuerdo con la invasión, fue nombrada para un tercer mandato como jefa del Banco Central por el presidente Vladimir Putin y la Duma Estatal.
La sospecha contra Nabiullina también menciona las reservas de divisas del Banco Central de Rusia. El uso de estas reservas para estabilizar el rublo y compensar pérdidas permite a la dirección militar y política de Rusia evitar tensiones sociales, convirtiéndolas en un instrumento de agresión.
Las autoridades ucranianas esperan que los cargos contra Nabiullina puedan llevar al congelamiento de activos bancarios rusos en el extranjero en el marco de la investigación penal. Esto incluye más de 200 mil millones de euros en bonos y otros valores en cuentas del depositario belga Euroclear.
Los tribunales ucranianos han emitido varias resoluciones exigiendo a Euroclear que divulgue información sobre los activos rusos, incluida su valor exacto. Sin embargo, no se han recibido respuestas a estas solicitudes.