TORONTO, 26 de septiembre (Reuters) - Grupos de derechos de las personas con discapacidad han impugnado la constitucionalidad del marco canadiense para la muerte asistida médicamente, argumentando que proporcionar muerte asistida viola los derechos de las personas si su muerte no es "razonablemente previsible".
El desafío judicial, presentado el miércoles, sostiene que hacer que la muerte asistida esté disponible para personas cuya muerte no es inminente infringe sus derechos a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad, incluso si padecen condiciones médicas graves e irremediables.
La muerte asistida médicamente es legal en Canadá bajo ciertas circunstancias, dividida en dos vías: una para personas cuya muerte es "razonablemente previsible" y otra para aquellas cuya muerte, según los médicos, no lo es. La primera vía es más común, mientras que la segunda, más reciente, ha ido en aumento.
La solicitud afirma que "la vía 2 aumenta el riesgo de que las personas con discapacidad sean inducidas a poner fin a sus vidas como respuesta al sufrimiento", enfatizando que "la muerte no debería ser una solución para las personas con discapacidad que experimentan un sufrimiento intolerable pero que, de otro modo, no están al final de sus vidas".
El desafío también cuenta con el apoyo de dos individuos, uno de los cuales afirma que le informaron sobre sus opciones de muerte asistida mientras buscaba atención en un hospital, "a pesar de que buscaba ayuda para vivir". La solicitud añade que esta disponibilidad le ha causado un daño significativo.
Los partidarios de la muerte asistida argumentan que el derecho a elegir la muerte es fundamental para las personas que sufren. Sin embargo, algunos defensores de las personas con discapacidad sostienen que es más fácil acceder a una muerte digna que a los recursos o intervenciones que mejorarían la calidad de vida.
Este desafío legal se produce un mes después de otro presentado que cuestionó la exclusión de personas cuya única condición subyacente es una enfermedad mental del marco de muerte asistida.
Un portavoz del departamento de justicia declaró que el gobierno "está comprometido a garantizar que nuestras leyes reflejen las necesidades de los canadienses, protejan a quienes pueden ser vulnerables y apoyen la autonomía y la libertad de elección. Presentaremos además la posición del Gobierno en nuestras presentaciones al Tribunal."