El gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y en la vecina provincia de Callao debido a un aumento de la extorsión contra los operadores de transporte público. Esta decisión, anunciada el 26 de septiembre de 2024, se produce tras una gran protesta de asociaciones de transporte urbano que exigen medidas de seguridad en respuesta a prácticas de extorsión violentas que han resultado en múltiples muertes.
Las empresas de transporte de Lima participaron en una huelga significativa, suspendiendo sus servicios para expresar su indignación por la extorsión rampante, que ha llevado al menos a tres asesinatos en las últimas semanas. El presidente de la Federación Nacional de Mototaxi de Perú, Julio García, enfatizó que los operadores no buscan alivio económico, sino garantías de seguridad para los ciudadanos y los trabajadores del transporte.
La protesta destacó el trágico caso de un joven conductor de autobús que fue asesinado por negarse a pagar una pequeña cuota de extorsión. La extorsión se ha convertido en un problema grave que afecta a pequeños empresarios, transportistas e incluso a escuelas y comedores sociales. En 2024, se han reportado más de 14,000 denuncias de extorsión en el sector del transporte, un aumento notable en comparación con años anteriores.
En respuesta a esta crisis creciente, el gobierno ha autorizado a las fuerzas armadas a apoyar los esfuerzos policiales para mantener el orden en los distritos afectados durante un período de 60 días. Además, se presentará un proyecto de ley al Congreso que tiene como objetivo clasificar el asesinato urbano, el secuestro, la extorsión y la posesión ilegal de armas como actos de terrorismo urbano.