En los últimos años, se ha observado un preocupante aumento de los apagones de Internet impuestos por los gobiernos en todo el mundo, con 39 países, incluidos India, Irán y Uganda, experimentando interrupciones significativas en 2022 y 2023, según el informe #KeepItOn de Access Now. Estos apagones pueden manifestarse como bloqueos totales de Internet, bloqueos de plataformas específicas o acceso ralentizado, a menudo justificados por las autoridades como medidas para controlar disturbios civiles, combatir la desinformación o prevenir el fraude durante los exámenes.
En una época en la que el acceso a Internet es esencial para la vida diaria—facilitando la comunicación, el comercio y la expresión—estas acciones plantean serias preocupaciones. Las Naciones Unidas han reconocido el acceso a Internet como un derecho humano básico, subrayando su importancia en la promoción de la libertad de expresión y la difusión de información.
Paises como Kenia están recurriendo cada vez más a tales medidas. Los incidentes recientes incluyen la interrupción del servicio de mensajería Telegram durante los exámenes nacionales y cortes generalizados durante las protestas, que los proveedores de telecomunicaciones atribuyeron a problemas con cables submarinos. Sin embargo, organizaciones como NetBlocks han sugerido que estos cortes podrían haber sido orquestados deliberadamente.
Aunque el derecho internacional y muchas constituciones nacionales protegen la libertad de expresión, se pueden imponer restricciones para garantizar el orden público y la seguridad nacional. Sin embargo, los criterios para estas restricciones—legalidad, legitimidad y proporcionalidad—no suelen cumplirse en el caso de los apagones de Internet. La falta de directrices políticas claras que rijan estas decisiones complica aún más el problema, dejando a los ciudadanos vulnerables a restricciones arbitrarias.
El debate continúa: ¿realmente estos apagones sirven a los intereses nacionales, o simplemente sofocan la disidencia y limitan el acceso a información vital? A medida que los gobiernos luchan con las implicaciones de los derechos digitales, la comunidad global debe permanecer atenta para abogar por la preservación de la libertad en Internet.