La Corte Suprema de Brasil (STF) comenzará audiencias el 27 de noviembre sobre tres casos cruciales que podrían redefinir el panorama operativo de las plataformas de redes sociales en Brasil. Estos casos se centran en la responsabilidad de los proveedores de internet en la eliminación de contenido ilegal, como la desinformación y el discurso de odio, sin autorización judicial previa.
Los procedimientos involucran informes clave de los jueces Luiz Fux, Edson Fachin y Dias Toffoli, y sus resultados podrían redefinir cómo las plataformas gestionan la información generada por los usuarios, impactando la implementación del Marco Civil de Internet (Ley 12.965/2014).
Un caso significativo, reportado por el juez Toffoli, examina la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que actualmente exige una orden judicial para responsabilizar a los proveedores por contenido ilícito. Un fallo aquí podría alterar el requisito existente de intervención judicial antes de la eliminación de material ofensivo o ilegal.
El caso del juez Fux cuestiona si las empresas que alojan sitios web y plataformas deberían monitorear y eliminar de manera independiente contenido ofensivo o engañoso. Este aspecto del fallo abordará los límites de las responsabilidades de las redes sociales y las obligaciones de las empresas que gestionan estos servicios.
Finalmente, el caso del juez Fachin evalúa la legalidad de las decisiones judiciales que bloquean aplicaciones de mensajería como WhatsApp. La corte evaluará el equilibrio entre las medidas punitivas contra las plataformas y los derechos de los usuarios.
El año pasado, el STF llevó a cabo una audiencia pública para discutir estos temas con expertos, representantes del sector público y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de reunir argumentos técnicos, económicos y legales para informar sus decisiones.
Entre los temas examinados se encuentran la apelación de Facebook sobre la constitucionalidad del artículo 19 y un caso de Google que discute la responsabilidad de los proveedores por almacenar contenido ofensivo generado por los usuarios. Además, el partido Cidadania ha presentado una moción para prohibir decisiones judiciales que suspendan plataformas digitales.