El gobierno brasileño está considerando una propuesta para establecer un impuesto mínimo del 10% sobre los ingresos más altos con el objetivo de promover la justicia fiscal. Esta medida busca corregir distorsiones, asegurando que aquellos que actualmente pagan tasas más bajas contribuyan más.
La ministra de Planificación, Simone Tebet, destacó la necesidad de reducir los gastos sin afectar a los estratos de población más bajos. También discutió el impacto del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) en el presupuesto, que se espera que aumente. Esta situación recuerda a los debates sobre la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social en muchos países latinoamericanos.
El enfoque del gobierno se centra en modernizar los beneficios y revisar el gasto, sin planes para una nueva reforma de pensiones ni desvincular las pensiones del salario mínimo. Esta estrategia refleja la búsqueda de estabilidad y eficiencia en la gestión pública, un tema recurrente en la política latinoamericana.