El gobierno de Javier Milei en Argentina ha anunciado una reforma para endurecer las políticas de inmigración. Estos cambios podrían tener implicaciones fiscales para las empresas e individuos internacionales que operan o planean operar en Argentina.
La reforma incluye requisitos más estrictos para obtener la ciudadanía argentina. También introduce tarifas por los servicios de atención médica prestados a extranjeros y medidas para facilitar la expulsión de quienes cometen delitos en el país. El gobierno tiene la intención de implementar estas medidas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Los cambios clave incluyen el rechazo de la entrada a extranjeros con condenas penales, la expulsión inmediata por cruces fronterizos ilegales y la expulsión por proporcionar información falsa a las autoridades de inmigración. La reforma también tiene como objetivo expulsar a los extranjeros condenados por cualquier delito y reducir los plazos de apelación para la deportación. Además, el gobierno tiene la intención de cobrar a los inmigrantes ilegales y a los residentes temporales por los servicios de atención médica y exigir un seguro médico para ingresar a Argentina.
Es posible que se permita a las universidades públicas cobrar tasas de matrícula a los estudiantes extranjeros. Obtener la residencia permanente y la ciudadanía también será más difícil, requiriendo una residencia continua de dos años. Según el gobierno, estas medidas son necesarias para abordar la afluencia de inmigrantes irregulares y los costos asociados con la prestación de servicios públicos.
El gobierno afirma que se gastaron más de 114 millones de dólares estadounidenses en el tratamiento de extranjeros en Argentina en 2024. También afirma que el país no expulsa a los extranjeros que cometen delitos. Estas reformas podrían afectar la planificación fiscal y el cumplimiento de las empresas e individuos internacionales con vínculos con Argentina.