El gobierno de coalición de España está luchando para avanzar con su reforma fiscal, un compromiso adquirido con la Comisión Europea. El informe anual de progreso del gobierno a Bruselas reitera el objetivo de reducir los beneficios fiscales, como los que disfruta el combustible diésel.
Esto tiene como objetivo aumentar los ingresos públicos en aproximadamente 1.500 millones de euros, lo que representa el 0,1% del PIB. Sin embargo, la debilidad parlamentaria plantea un desafío significativo para lograr este objetivo.
El rechazo del impuesto energético por parte del PNV, Junts, PP y Vox, junto con las diferentes posiciones entre los socios de la coalición, complica la situación. Estos desafíos amenazan el desembolso de fondos del Plan de Recuperación.