El próximo segundo mandato de Donald Trump, que comenzará el 20 de enero de 2025, se espera que traiga cambios significativos a la política fiscal de EE. UU. Uno de los principales objetivos es la renovación de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA) de 2017, que está programada para expirar a finales de 2025. Si no se renueva, las tasas impositivas volverán a sus niveles anteriores, un escenario que Trump quiere evitar.
El costo estimado de extender las disposiciones de la TCJA es de aproximadamente 5 billones de dólares en la próxima década, lo que podría enfrentar resistencia de los conservadores fiscales que exigen recortes presupuestarios para compensar este gasto.
Además, Trump está considerando eliminar ciertos impuestos, como el impuesto sobre las propinas y el impuesto de seguridad social, medidas que generarían un intenso debate en el Capitolio.
Otro punto focal de la agenda de Trump es el límite de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT), que afecta principalmente a los residentes de estados con altos impuestos como Nueva York y California. Varios legisladores republicanos han condicionado su apoyo a las reformas fiscales a una revisión de este tema.
En el ámbito del comercio internacional, Trump ha propuesto un aumento del 25% en los aranceles a los productos de México y Canadá, así como un 10% adicional a todos los productos de China, argumentando la necesidad de frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
Estas medidas arancelarias han provocado advertencias de represalias por parte de México y Canadá, y los expertos sugieren que tales acciones podrían incrementar los costos para los consumidores y agudizar la inflación.
Además, Trump tiene la intención de establecer un Servicio de Ingresos Externos para asegurar que Estados Unidos cobre tarifas e ingresos provenientes de fuentes extranjeras, con el objetivo de redefinir las relaciones económicas y potencialmente aumentar las tensiones globales.